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Avances en la implementación de BIM en el sector público del Perú

1. Marco normativo y política pública

El Plan BIM Perú, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establece una hoja de ruta para la adopción progresiva de la metodología BIM en proyectos de inversión pública bajo el sistema Invierte.pe. Este plan se encuentra alineado con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024–2030 (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2019). Desde 2019, se han emitido una serie de normativas clave que sustentan esta implementación: el Decreto Supremo N.° 289-2019-EF, que establece el mandato de incorporación progresiva de BIM, y el Decreto Supremo N.° 108-2021-EF, que refina definiciones y fortalece su implementación técnica (MEF, 2021).

Adicionalmente, la Resolución Directoral N.° 002-2021-EF/63.01 aprueba la Hoja de Ruta del Plan BIM Perú, un documento estratégico que marca los lineamientos para la transición hacia una metodología más eficiente, colaborativa y digitalizada en la formulación y ejecución de proyectos públicos. Posteriormente, en mayo de 2023, se publica la Guía Técnica BIM para edificaciones e infraestructura (Resolución Directoral N.° 0005-2023-EF/63.01), que detalla los niveles de madurez BIM, estructuras organizativas, roles y responsabilidades que deben adoptar las entidades públicas (MEF, 2023).

2. Hitos alcanzados al 2024

El Plan BIM establece metas a corto (2021), mediano (2025) y largo plazo (2030). En 2021 se cumplieron los principales hitos normativos, incluyendo la creación de comités internos BIM en diversos ministerios. Asimismo, se desarrollaron los primeros programas de formación con enfoque técnico y de gestión, en colaboración con instituciones académicas y organismos internacionales como el BID (E-Zigurat, 2024).

A julio de 2025 se espera que el uso de BIM sea obligatorio en entidades del gobierno nacional y regional, respaldado por una estructura de gobernanza tecnológica robusta. Al cierre de 2024, más de 90 entidades públicas han participado en proyectos piloto que han permitido elevar su nivel de madurez en modelos de información y procesos colaborativos (Revista Costos, 2024). Entre estos, destacan experiencias en infraestructura educativa, saneamiento, salud y transporte, los cuales han servido de banco de pruebas para evaluar el desempeño de la metodología.

3. Beneficios esperados

La implementación de BIM promete beneficios sustanciales para el sector público, como la mejora en la trazabilidad de la información, transparencia en la ejecución de obras y reducción de costos mediante la detección temprana de errores (Ballesteros, s.f.). Se estima que por cada dólar invertido en diseño BIM, se pueden ahorrar hasta 20 en construcción y 60 en mantenimiento, gracias a la precisión y planificación que permite el modelado digital (El País, 2025).

Otro beneficio fundamental es la interoperabilidad de la información entre las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. El uso de Entornos Comunes de Datos (CDE) y clasificaciones estandarizadas permite que múltiples actores puedan compartir información precisa, actualizada y coherente (Digital Bricks, 2024). Esto favorece no solo el ahorro económico, sino también la sostenibilidad ambiental, al reducir desperdicios y optimizar recursos.

4. Proyectos piloto y experiencias concretas

Entidades como PRONIED, SEDAPAL y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) han desarrollado proyectos piloto que incorporan la metodología BIM. Estas experiencias han permitido validar procesos y adaptar metodologías al contexto peruano (Konstruedu, 2024). Por ejemplo, PRONIED utilizó modelos BIM para la planificación y ejecución de infraestructuras educativas, lo que permitió controlar interferencias, estimar presupuestos de manera más realista y reducir el tiempo de ejecución.

Asimismo, se ha observado un impacto positivo en la gestión de la información durante la fase de operación de activos públicos. En el caso de SEDAPAL, la digitalización de redes y plantas permitió una supervisión más eficiente y mantenimiento preventivo basado en datos (Revista Costos, 2024). Estas iniciativas han generado evidencia suficiente para justificar una expansión de la implementación BIM a nivel nacional.

5. Principales desafíos

Pese a los avances, la adopción de BIM enfrenta importantes desafíos. Entre ellos, la limitada capacitación del personal técnico en entidades públicas, la resistencia institucional al cambio y la baja madurez tecnológica (Konstruedu, 2024). También persisten brechas en la infraestructura tecnológica, como la ausencia de entornos colaborativos digitales (CDE) y software interoperable (Ballesteros, s.f.).

Otro obstáculo es la falta de estandarización de los contratos públicos que incorporen cláusulas BIM, lo cual puede generar ambigüedades legales en responsabilidades y entregables. Asimismo, los procesos de licitación aún no consideran en su totalidad los requerimientos de modelado, gestión de datos o formatos de entrega, lo que limita una integración plena de la metodología en el ecosistema público (E-Zigurat, 2024).

6. Perspectivas futuras

Para el año 2030, se proyecta que el uso de BIM sea obligatorio en los tres niveles de gobierno, acompañado de una plataforma tecnológica nacional que permita estandarizar procesos y gestionar información de manera integral (MEF, 2023). Se espera también la consolidación de una Biblioteca BIM Perú, un repositorio de objetos digitales normalizados que permitirá mejorar la interoperabilidad entre softwares y reducir la curva de aprendizaje de nuevos usuarios.

Adicionalmente, se prevé una mayor incorporación de dimensiones como sostenibilidad (6D), mantenimiento (7D) y seguridad (8D), lo cual contribuiría a una infraestructura pública más eficiente y resiliente (Digital Bricks, 2024). Finalmente, el fortalecimiento de las capacidades institucionales a través de maestrías, diplomados y certificaciones especializadas impulsará una transformación digital sólida, alineada con estándares internacionales y con las demandas del ciudadano del siglo XXI.

Referencias

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